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Agroalimentario, agrícola y ganadero: productores, comercializadoras, cooperativas, centrales hortofrutícolas, almacenes, exportadores y empresas auxiliares.
Construcción, obra pública e infraestructuras: constructoras, promotoras, contratistas, subcontratistas, empresas adjudicatarias, ingeniería, instalaciones y empresas auxiliares.
Industria y servicios industriales: fabricación, producción, mantenimiento, instalaciones, ingeniería y actividades auxiliares.
Banca y sector financiero: operaciones de financiación, préstamos, créditos, garantías, avales, refinanciaciones y conflictos derivados de operaciones bancarias y financieras.
Inversores y operaciones de inversión: inversores particulares y empresariales, adquisición y transmisión de activos, participaciones societarias, inversión inmobiliaria, financiación de proyectos y recuperación de inversiones.
Comercio, distribución y grandes almacenes: cadenas comerciales, grandes superficies, distribuidores, mayoristas, minoristas, proveedores y empresas de distribución.
Sector inmobiliario y patrimonial: compraventa de inmuebles y activos, promociones, inversiones inmobiliarias, arrendamientos y gestión patrimonial.
Transporte, logística y distribución: operadores logísticos, transporte de mercancías, almacenamiento y empresas auxiliares.
Energía e instalaciones: empresas energéticas, instalaciones, proyectos de eficiencia energética, energías renovables y servicios técnicos.
Hostelería, restauración y turismo: establecimientos hoteleros, restauración, alojamientos y empresas vinculadas al sector turístico.
Tecnología, innovación y servicios digitales: empresas tecnológicas, plataformas, proyectos digitales y nuevos modelos de negocio.
Sanitario, asistencial y sociosanitario: clínicas, centros, residencias y empresas prestadoras de servicios asistenciales.
Servicios profesionales y consultoría: despachos, consultoras, profesionales, sociedades profesionales y empresas de prestación de servicios.
Empresas familiares y grupos empresariales: organización societaria, relaciones entre socios, continuidad empresarial, conflictos internos y protección patrimonial.
Autónomos, emprendedores y nuevos proyectos empresariales.
Agroalimentario, agrícola y ganadero: productores, comercializadoras, cooperativas, centrales hortofrutícolas, almacenes, exportadores y empresas auxiliares.
Construcción, obra pública e infraestructuras: constructoras, promotoras, contratistas, subcontratistas, empresas adjudicatarias, ingeniería, instalaciones y empresas auxiliares.
Industria y servicios industriales: fabricación, producción, mantenimiento, instalaciones, ingeniería y actividades auxiliares.
Banca y sector financiero: operaciones de financiación, préstamos, créditos, garantías, avales, refinanciaciones y conflictos derivados de operaciones bancarias y financieras.
Inversores y operaciones de inversión: inversores particulares y empresariales, adquisición y transmisión de activos, participaciones societarias, inversión inmobiliaria, financiación de proyectos y recuperación de inversiones.
Comercio, distribución y grandes almacenes: cadenas comerciales, grandes superficies, distribuidores, mayoristas, minoristas, proveedores y empresas de distribución.
Sector inmobiliario y patrimonial: compraventa de inmuebles y activos, promociones, inversiones inmobiliarias, arrendamientos y gestión patrimonial.
Transporte, logística y distribución: operadores logísticos, transporte de mercancías, almacenamiento y empresas auxiliares.
Energía e instalaciones: empresas energéticas, instalaciones, proyectos de eficiencia energética, energías renovables y servicios técnicos.
Hostelería, restauración y turismo: establecimientos hoteleros, restauración, alojamientos y empresas vinculadas al sector turístico.
Tecnología, innovación y servicios digitales: empresas tecnológicas, plataformas, proyectos digitales y nuevos modelos de negocio.
Sanitario, asistencial y sociosanitario: clínicas, centros, residencias y empresas prestadoras de servicios asistenciales.
Servicios profesionales y consultoría: despachos, consultoras, profesionales, sociedades profesionales y empresas de prestación de servicios.
Empresas familiares y grupos empresariales: organización societaria, relaciones entre socios, continuidad empresarial, conflictos internos y protección patrimonial.
Autónomos, emprendedores y nuevos proyectos empresariales.
Mi forma de trabajar parte de conocer la actividad, comprender el negocio y analizar el problema dentro de su verdadero contexto económico y empresarial.
Contratos, operaciones de inversión, financiación, impagos, conflictos societarios, relaciones con proveedores y clientes, reclamaciones, garantías, responsabilidad, insolvencia o reestructuración forman parte de una misma realidad.
Para defender una empresa no basta con conocer el Derecho.
Hay que entender la empresa.
No todos los conflictos empresariales deben judicializarse. En muchas ocasiones una negociación jurídicamente bien planteada puede conseguir un resultado más rápido y económicamente más eficiente.
Pero existen situaciones en las que negociar deja de ser suficiente.
Cuando es necesario acudir a los tribunales, mi intervención parte de una preparación completa del asunto: contratos, comunicaciones, facturas, certificaciones, documentación técnica, actuaciones administrativas y cualquier elemento probatorio que permita reconstruir exactamente lo ocurrido.
Negociar cuando existe margen para hacerlo.
Reclamar cuando corresponde.
Y litigar cuando es necesario.
Una parte fundamental del asesoramiento empresarial debe producirse antes de que aparezca el problema.
Revisar un contrato antes de firmarlo.
Detectar una cláusula que puede generar responsabilidad.
Documentar correctamente una modificación de obra.
Dejar constancia de un incumplimiento.
Responder adecuadamente a un requerimiento.
Analizar una licitación antes de presentar una oferta.
O estudiar las consecuencias jurídicas de una decisión empresarial antes de adoptarla.
Una actuación jurídica preventiva puede evitar posteriormente procedimientos largos y costosos.
Por eso trabajo también junto al empresario en la prevención del riesgo jurídico y contractual.
Mi experiencia como abogada y Administradora Concursal me permite añadir una dimensión especialmente importante al asesoramiento empresarial.
Puedo detectar cuándo un conflicto contractual, una acumulación de impagos o una situación de tensión de tesorería está dejando de ser un problema puntual y empieza a convertirse en un riesgo de insolvencia.
En ese momento, Derecho Empresarial y Derecho Concursal dejan de ser compartimentos separados.
Hay que analizar contratos, deuda, responsabilidad de administradores, garantías, patrimonio y viabilidad empresarial conjuntamente.
Cuanto antes se detecta el problema, mayores suelen ser las posibilidades de actuación.
Vía Dos Castillas, 33
Complejo empresarial Ática, 1, Edificio 4,
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911 430 369
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