María Casas Abogados presta servicios jurídicos a Administraciones Públicas y entidades del sector público, asumiendo su asesoramiento, defensa y representación jurídica en aquellos servicios que son objeto de contratación y externalización.

El despacho puede concurrir a procedimientos de contratación pública de servicios jurídicos, poniendo a disposición de la Administración una asistencia letrada especializada, rigurosa y orientada tanto a la prevención del conflicto como a la defensa de sus intereses ante los distintos órdenes jurisdiccionales.

Nuestra intervención puede comprender:

• Asesoramiento jurídico continuado.
• Emisión de informes y dictámenes.
• Estudio de expedientes.
• Preparación de estrategias procesales.
• Dirección letrada de procedimientos judiciales en los que la Administración sea parte.

Defensa jurídica de Ayuntamientos y entidades públicas

Prestamos especial atención a la asistencia jurídica de Ayuntamientos, entidades locales, organismos autónomos, entidades públicas y demás integrantes del sector público que precisan externalizar total o parcialmente sus servicios jurídicos.

La externalización permite a la Administración contar con asesoramiento especializado para determinados procedimientos, materias o áreas de especial complejidad, complementando sus propios servicios técnicos y jurídicos cuando resulte necesario.

El despacho puede asumir, según el objeto y alcance de cada contrato:

• Asesoramiento jurídico.
• Emisión de informes y dictámenes.
• Estudio y preparación de expedientes.
• Asistencia jurídica a órganos administrativos.
• Preparación de alegaciones y recursos.
• Defensa y representación procesal.
• Procedimientos contencioso-administrativos.
• Procedimientos civiles, mercantiles, laborales o concursales en los que intervenga la Administración.
• Responsabilidad patrimonial.
• Urbanismo y disciplina urbanística.
• Contratación pública.
• Reclamaciones de cantidad y recuperación de créditos.
• Procedimientos concursales y situaciones de insolvencia de contratistas o deudores de la Administración.

Una defensa que exige comprender la posición de la Administración

Defender jurídicamente a una Administración Pública requiere una perspectiva específica.

No basta con conocer el procedimiento judicial. Es necesario comprender el funcionamiento administrativo, el expediente que precede al litigio, las potestades públicas ejercitadas, la motivación de la actuación administrativa y los intereses generales que justifican la decisión adoptada.

Por ello, cuando asumo la defensa de una Administración, el análisis comienza antes del procedimiento judicial.

Comienza en el expediente.

En los informes técnicos.
En las resoluciones.
En los antecedentes administrativos.
Y en la identificación de los elementos que posteriormente deberán sostener la posición de la Administración ante los Tribunales.